El plan de empresa de Alejandro se convirtió en realidad, pero el martes puede acabar en pesadilla. Nintendo pide para él 23 años de cárcel y 840.000 euros de indemnización por vender en su tienda de informática, Alechip.com, los módulos de carga de videojuegos para la consola DS. La multinacional japonesa del ocio electrónico, que no realizará declaraciones hasta después del juicio, considera que estos cartuchos son "ilegales", porque permiten usar sus juegos pirateados. Además, en su escrito de acusación, le culpa de violación de marca, diseño y revelación de secretos.
Alejandro Fernández, de 31 años, está tranquilo. "Por fin me podré defender", dice. El juicio empieza el martes y la fiscalía pide una pena menor: tres años y medio de prisión y 12.960 euros por dos delitos, uno contra la propiedad intelectual y otro contra la industrial. El empresario asturiano rechaza de plano todas las acusaciones. "Nunca he vendido nada pirateado sino material informático, incluido las consolas de Nintendo, sus juegos y sus accesorios originales. Pero también vendo accesorios compatibles y eso no les gusta. ¿Por qué van a por el comerciante? ¿Por qué no van a China que es donde se fabrican estos dispositivos?".
La aventura empresarial de este ingeniero electrónico asturiano empezó en 2005. Como proyecto final de carrera realizó un plan de negocio para abrir una tienda. "Como las opciones laborales eran escasas o directamente rozaban la explotación", lo convirtió en realidad.
Empezó en el garaje de sus padres a los 25 años. "Me ofrecía en los anuncios por palabras para reparar ordenadores, consolas..., que recogía por mensajería exprés". El negocio funcionó bien y seis meses después se trasladó "a un pequeño local, a la vez que abría la tienda en Internet", que después amplió.
En la Navidad de 2008 todo se torció. Nintendo empezó a bloquear en la aduana los productos -por valor de 70.000 euros- que importaba de China. "Me llamaron y dieron dos opciones: pagar 3.000 euros o ir a juicio. Las dos primeras veces pagué, una de ellas conseguí regatear a 1.500 euros, pero luego me rebelé y en ese momento comenzaron a lloverme demandas hasta que entraron por la vía penal". La primera demanda se archivó; la segunda, la ganó por la vía mercantil, pero está recurrida, explica Fernández.
El martes, cuando empiece el juicio, se contrapondrán dos teorías. Nintendo argumentará que es piratería. Cuando hace seis meses se emitió la primera sentencia que ilegalizó la venta de estos módulos de carga de videojuegos -un fallo de conformidad, porque los acusados se declararon culpables-, el subdirector de la compañía, Rafael Martínez, declaro: "España es el país más afectado por la piratería. Hay un cierto arraigo, una sensación de que está ahí para todos y no se valora la propiedad intelectual".
En el escrito de acusación, además, Nintendo añade que la demanda trasciende la venta de productos ilegales destinados a romper las barreras de seguridad de la consola, porque los cartuchos solo son válidos para la Nintendo DS. Y constituye una infracción del "diseño industrial ajeno" es decir, que se basan en el original. El fabricante también considera que hay infracción de marca, porque contienen información secreta de su propiedad, "incluida en un software o código informático". De ahí que también acusa de revelación de secretos al importador.
Fernández, en cambio, lo ve completamente al revés. "Ellos venden consolas capadas para que solo se puedan reproducir los contenidos que ellos comercializan. Estos cartuchos no están diseñados para piratear juegos, ni violar copyright ni marca alguna, sino para darles otros usos a las consolas, auténticos ordenadores, que sin ellos sería imposible realizar".
El juez estudiará el martes quién tiene razón. Fernández, en cualquier caso, está tranquilo. Confiesa que cuando empezó esta pesadilla tuvo miedo, pero ahora ya no. "Si aceptaba el chantaje me llevaban a la ruina. Si cedo, ¿con qué cara miraría a mi mujer, a mi hijo, a mis clientes y proveedores? Estoy dispuesto a llevarlo hasta el final".
Fuente: IH
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